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"Pedro+Espinoza+Barrientos"
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El magistrado Alejandro Solís, juez especial para la investigación de causas de Derechos Humanos, procesó y encargó reos a cuatro ex militares por su participación en la detención y desaparición de 32 personas en los sectores de Chihuío y Liquiñe, provincia de Valdivia, en octubre de 1973.
La resolución afecta al general (r) Héctor Bravo, que en esa época se desempeñaba como comandante en jefe de la IV División de Ejército; a los ex coroneles Jerónimo Pantoja y Hugo Guerra Jorquera, y al capitán del regimiento Cazadores Luis Alberto Osorio.
El juez Solís, quien además está a cargo de la investigación por el asesinato del general Prats y su esposa, estimó que Bravo, Pantoja y Osorio son los responsables del secuestro de 17 obreros madereros en el sector Baños de Chihuío, en la comuna de Futrono, el 9 de octubre de 1973.
Según consta en el Informe Rettig, "los...
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NATALIA AGÜERO
Una clara contradicción jurídica plantea la situación del suboficial (r) del Ejército Eliseo Cornejo. Frente a las mismas víctimas - los detenidos en La Moneda el 11 de septiembre de 1973- el ex uniformado está procesado por secuestro y por remoción de sus cadáveres.
Las dos resoluciones - la por secuestro calificado de 12 personas, y la por exhumación ilegal de sus cuerpos desde el recinto militar de Peldehue- fueron dictadas por el juez Juan Carlos Urrutia en enero y fines de junio pasado.
Procesar a una persona por tener secuestrada a otra y por haber desenterrado su cadáver no resiste análisis. Aquí hay una absoluta incoherencia, afirma el abogado Axel Buchheister, director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo. Y añade:
Si se encausa por exhumación quiere decir que al tribunal le consta que la persona está muerta. Si es...
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SANTIAGO.- El juez titular del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina, Jaime Salas condenó a tres años y un día de presidio a dos generales en retiro del ejército, en las primeras sentencias en causas de derechos humanos dictadas por un juez con dedicación exclusiva.
Los ex uniformados condenados son los generales (r) Héctor Bravo y Jerónimo Pantoja, a quienes se les procesó por el delito de secuestro calificado del trabajador agrícola Pedro Espinoza Barrientos, quien tenía 32 años cuando desapareció, el 28 de octubre de 1973.
Espinoza Barrientos presidía el sindicato agrícola "Venceremos" de la zona al momento de su detención, y además era militante del partido comunista.
El general (r) Bravo se desempeñaba en 1973 como Jefe de la cuarta división de Ejército, mientras que Pantoja era el subjefe de la DINA en ese entonces.
Según se informó, el magistrado...
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XIMENA MARRÉ
Las primeras condenas por secuestro calificado fueron dictadas en el Juzgado de San José de la Mariquina contra el general (r) Héctor Bravo y el coronel (r) Jerónimo Pantoja, sindicados como autores mediatos de la desaparición del comunista Pedro Espinoza Barrientos.
Su detención ocurrió el 18 de octubre de 1973, en Máfil, Valdivia, cuando Bravo, entonces Comandante en Jefe de la IV División de Ejército, dispuso patrullajes militares a raíz del atentado al cuartel de Carabineros de Neltume. Uno de los operativos estuvo al mando de Pantoja, en la época comandante del regimiento Maturana.
La sentencia de primera instancia, dictada por el juez de atención preferente Jaime Salas Astraín desestimó la amnistía, porque "conforme al principio de inocencia establecido en nuestra legislación penal, mientras no exista sentencia ejecutoriada en contra de los...
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Como una verdadera "papa caliente" fueron consideradas en los tribunales de justicia las declaraciones del ministro Carlos Cerda, ex presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, referidas a la administración de justicia en materia de derechos humanos. Hablando en doctrina Cerda aseveró que los jueces no están obligados a cumplir la ley, si consideran que ella vulnera la Constitución y los tratados internacionales.
"Es la opinión jurídica de un ministro entre 31 que integran el tribunal de alzada santiaguino", señaló el vocero de la Corte Suprema, Miguel González, después de consultas en el Poder Judicial.
El presidente del máximo tribunal, Mario Garrido, se excusó de entregar su posición. Se cree que eludió opinar para evitar ser inhabilitado en la eventualidad que integre sala para fallar causas cubiertas por la ley de amnistía, prescritas o crímenes de lesa...
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Criterios jurídicos y no políticos respaldan la decisión del Gobierno de reactivar los procesos de derechos humanos virtualmente paralizados, luego del sobreseimiento temporal del senador Augusto Pinochet y de los escasos hallazgos derivados de los antecedentes obtenidos en la Mesa de Diálogo.
El primer paso en esa dirección dio el Ejecutivo en junio pasado con el aporte de 80 millones de pesos al Programa de Derechos Humanos para intensificar la búsqueda de detenidos desaparecidos y apoyar a los familiares de las víctimas.
El jefe del Departamento Jurídico del Programa de DD.HH., Roberto Garretón, descartó tajantemente que esta acción corresponda a un subterfugio ante el sobreseimiento del general (r) Pinochet, sino que se trata de procesos judiciales que deben avanzar en los hallazgos de restos y en las circunstancias que rodearon las muertes.
Roberto Garretón...