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"Jorge Mario Jordán Domic"

General (r) Cheyre, procesado como cómplice de homicidio calificado por caso Caravana

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General (r) Cheyre, procesado como cómplice de homicidio calificado por caso Caravana C. CARVAJAL, R. FRANCO y L. AYALA En la Cancillería, donde participó en el comité asesor respecto de la demanda marítima boliviana en La Haya, el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre realizó ayer su última actividad pública, antes de que se dictara la orden de detención y su procesamiento en calidad de cómplice del homicidio calificado de 15 personas, cometido el 16 de octubre de 1973, en el episodio de La Serena del caso "Caravana de la muerte".La decisión del ministro Mario Carroza -que era esperada para hoy- se adelantó en un día y, pasado el mediodía de ayer, Cheyre -quien a la fecha del suceso era teniente en el Regimiento Arica de La Serena- se presentó voluntariamente ante la Brigada de DD.HH. de la Policía de Investigaciones.Cheyre es el primer ex comandante en jefe procesado y detenido por una causa de derechos humanos, después del general (r)...

Texto Completo del Fallo del Ministro de Fuero Juan Guzmán

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Santiago, veintinueve de enero del año dos mil uno. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 1.-) Que a fojas 5842, don José Galiano Haensch y doña Graciela Alvarez Rojas, en representación de la Asociación Americana de Juristas y, además, el primero de los comparecientes, en representación también de Patricia Verdugo Aguirre y otros y de Víctor Ramón Castro Prado y otros; y a fojas 5878, los señores abogados Hugo Gutiérrez Gálvez, Eduardo Contreras Mella, Juan Bustos Ramírez, Carmen Hertz Cádiz, Boris Paredes Bustos, Alfonso Insunza Bascuñán e Hiram Villagra Castro, por las partes que representan, solicitaron se procesara al General y Senador Vitalicio desaforado Augusto Pinochet Ugarte, como autor y/o como encubridor en los delitos de homicidio calificado, aplicación de tormentos, lesiones graves, secuestro con desaparecimiento, inhumaciones y exhumaciones ilegales y asociación...

Resolución de juez Guzmán para procesar a Pinochet (parteIII)

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29/01/01 EMOL - Nacional

los artículos 141 inciso 1° y artículo 391 numeral 1°, respectivamente, del Código Penal; en cambio, en relación a Miguel Enrique Muñoz Flores y Manuel Benito Plaza Arellano, hasta la fecha se ignora fehacientemente su destino, hecho este que configura el delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso 1° del Código Penal, con respecto de los nombrados Miguel Enrique Muñoz Flores y Manuel Benito Plaza Arellano. 10°.-) Que con el mérito de la querella de fojas 4974; del informe de pesquisas de la Policía de Investigaciones de fojas 1139; certificados de defunción de Oscar Armando Cortés Cortés; José Eduardo Araya González; Carlos Enrique Alcayaga Varela; Víctor Fernando Escobar Astudillo; Hipólito Pedro Cortés Alvarez; Jorge Abel Contreras Godoy; Jorge Osorio Zamora; Jorge Peña Hen; Jorge Jordán Domic; Manuel Marcarian Jamett;...

Reparaciones: el fallo que tranquiliza al fisco

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MARIO GÁLVEZ El 12 de septiembre de 1973, el doctor Jorge Mario Jordán Domic (casado, dos hijos) escuchó por la radio en Ovalle que un bando militar lo conminaba a que se presentara en la Comisaría de Carabineros de Ovalle. Concurrió voluntariamente, pero fue detenido e incomunicado. El médico era militante del Partido Comunista y partidario de la Unidad Popular. Algunos días más tarde fue trasladado a La Serena, al Regimiento Arica. En el mes de septiembre, su madre, Maja Domic, lo visitó en dos oportunidades; se suponía que el Consejo de Guerra lo juzgaría el 18 de octubre. Sin embargo, el doctor Jordán fue fusilado el 16 del mismo mes. Nunca fue enjuiciado por delito alguno, según sus familiares. Éste es uno de los casos que quedaron establecidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en 1990 y que emitió el documento conocido como Informe...

De la verdad oficial a la verdad judicial

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NIEVES ARAVENA E. Las víctimas de la tortura salieron del olvido. Varias han sido testigos en procesos por detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos, pero postergaron sus demandas de reparación. Por eso ahora, cuando el Estado de Chile reconoció los vejámenes que sufrieron como una verdad oficial, y anunció una reparación, estas víctimas parecieron cambiar su estatus jurídico. Y pese a que La Moneda pretendía dejar el pasado atrás con el Informe Valech, éste terminó por "empoderar" a los afectados y, según creen sus abogados, les ha dado una base mayor para perseguir una verdad judicial y que se condene a los autores. Pasadas tres décadas, son pocos los que litigan. No suman más de 300 las personas que han denunciado sus torturas a los tribunales, según estimaciones de los profesionales que llevan los casos, ya que no hay un registro. Reconocen que la cifra...
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