Matías Bakit R. En septiembre de 2015, el empresario chileno Allan Fosk, gerente general de la compañía minera Quiborax, recibía una buena noticia. El tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) había decretado que Bolivia le tendría que pagar a la empresa una suma de US$ 48 millones -más las costas del arbitraje-, por haber ejecutado una expropiación ilegal a la empresa nacional en 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa.Parecía, entonces, que finalizaban 11 años de incertidumbre para la compañía. Sin embargo, no fue así.Y es que, según los conocedores del caso, Palacio Quemado ha buscado diversas fórmulas para evitar el pago de la suma decretada por el tribunal, muchas veces poniendo en duda la autoridad de los árbitros internacionales y, por sobre todo, desconociendo la demanda misma. Incluso, las autoridades...
