SANTIAGO.- Por unanimidad de sus miembros, la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la libertad bajo fianza de 500 mil pesos, que en primera instancia el ministro en visita Sergio Muñoz le había concedido al ex auditor del Ejército, general en retiro Fernando Torres Silva, quien fuera sometido a proceso como presunto encubridor en el caso de la muerte del ex presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez.
La resolución fue dada a conocer pasado el mediodía de hoy en los tribunales de justicia y de esta forma Torres Silva deberá permanecer detenido en el hospital Militar, donde se encuentra desde anoche.
Procesamiento
El procesamiento constituye un duro golpe para quien durante diez años (hasta abril de 1999) integró la Sala Penal y el pleno de la Corte Suprema en materias relacionadas con uniformados activos y en retiro.
Ya desde mayo de 1986, cuando asumió como fiscal militar ad-hoc para investigar el homicidio del carabinero Miguel Vásquez Tobar, Torres Silva se convirtió en un personaje habitual de los medios de comunicación.
Su actuación como investigador del atentado contra el general Augusto Pinochet y como figura central de la acción estatal contra el Frente Manuel Rodríguez hasta el final del gobierno militar lo hicieron conocido en el país como el "fiscal" Torres, denominación que incluso se mantuvo en el pensamiento colectivo cuando ya había dejado de ejercer esas funciones, pasando a ser la autoridad máxima de la justicia militar.
Con el procesamiento de Torres Silva, el ministro Sergio Muñoz da uno de sus últimos pasos en la causa por el crimen de Tucapel Jiménez, justamente cuando el caso ha obtenido un avance significativo con la confesión de Carlos Herrera Jiménez como autor.
Un aspecto central del caso en el que se ha centrado Muñoz ha sido establecer quiénes participaron en el asesinato de Jiménez y precisar la cadena de mando que operó en febrero de 1982 cuando se perpetró el crimen. En esa materia, el nombre de Torres Silva no figura, puesto que no aparece vinculado a la DINE, a la que pertenecían los agentes inculpados.
Pero hay otro asunto que si bien no es el fundamental, el ministro en visita no ha dejado de lado. Se trata de lo ocurrido en 1991, nueve años después del crimen de Tucapel Jiménez, en momentos en que la investigación del caso comenzaba a arrojar resultados. Entonces, comenzó a barajarse la posible participación de Herrera Jiménez.
El ex agente fue condenado en diciembre de 1991 como autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte que afectó al transportista democratacristiano Mario Fernández López, detenido en 1983 por agentes de la Central Nacional de Informaciones.
El 12 de diciembre de 1991, cuando Herrera era buscado también por su participación en el crimen de Tucapel Jiménez, la Vicaría de la Solidaridad denunció que el ex agente, de nombres operativos "Bocaccio" o "Mauro", se había fugado del país.
Para el ministro Muñoz, que tomó el caso hace un año y medio, habrían intervenido en la acción para sacar a Herrera de Chile y en definitiva encubrir el crimen de Tucapel Jiménez, el entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general en retiro Hernán Ramírez Rurange, y el ex agente del organismo Arturo Silva Valdés.
Según las conclusiones a las que ha llegado hasta ahora el ministro Muñoz acerca del encubrimiento, relatadas en una reciente resolución, "en conocimiento de los hechos descritos y responsabilidad que le asistía a algunos sujetos en tales acciones, no obstante su deber legal de denunciar lo anterior a la justicia, diversos individuos ocultaron los antecedentes y realizaron distintas actuaciones para encubrir el hecho, entre las cuales se encuentra el obtener que un oficial de Ejército saliera del país con destino a Argentina usando su propia individualización para luego reingresar al territorio nacional usando una cédula de identidad de la República Argentina a nombre de Mauricio Gómez, documento con el cual salió posteriormente del país (19 de septiembre de 1991) una de las personas sobre la que recaen presunciones fundadas de que tendría responsabilidad de autor, persona a la que se trasladó a Argentina por el mismo oficial de Ejército que había obtenido la identidad falsa".
Herrera Jiménez fue detenido en Argentina en 1993 y traído a Chile en abril de 1994, fecha en que comenzó a cumplir la condena de diez años de presidio por el crimen del transportista y se le encarceló además como autor del homicidio de Tucapel Jiménez.
Según trascendió, el procesamiento del general Torres Silva se basa en antecedentes similares a los que se tuvieron en cuenta para los anteriores encausamientos por encubrimiento. Es decir, se le vincula con las acciones que permitieron la salida de Chile de Herrera.
En su reciente confesión, el ex agente, pieza clave en la causa, habría entregado también información con inculpaciones directas acerca de quiénes participaron en su viaje a Argentina.
Los abogados de derechos humanos, que tuvieron a Torres como un fuerte adversario durante la década en que integró la Corte Suprema, siempre lo responsabilizaron de la coordinación de las defensas de los inculpados en esos procesos. Sin embargo, el procesamiento por encubrimiento, no tendría relación con ese aspecto.
Independientemente de la resolución que se adopte hoy acerca de la libertad de Torres Silva, el ex auditor intentará revertir el fondo del auto de procesamiento. En caso de que la fórmula sea recurrir de amparo, se puede dar el hecho extraordinario de que quienes fueron en cierto modo sus "colegas" en la Sala Penal de la Corte Suprema, deberían resolver si corresponde mantener la inculpación en su contra.
En la actual Sala Penal, encabezada por el ministro Luis Correa Bulo, Torres mantuvo durante los últimos años, hasta que pasó a retiro meses después de que asumió la comandancia en jefe el general Ricardo Izurieta, una línea minoritaria en materia de derechos humanos. Las causas en las que intervino se resolvieron habitualmente con su voto en contra.
Coordinador de lucha antisubversiva
El general (r) Fernando Torres Silva surgió como un hombre clave en las acciones contra los grupos armados que operaban a fines del gobierno militar. Cuando el general Samuel Rojas Pérez lo nombró en mayo de 1986 fiscal ad-hoc para investigar el asalto a una panadería que concluyó con el homicidio del carabinero Miguel Vásquez Tobar, comenzó a adquirir un protagonismo que aumentó con los años.
Esa primera causa abrió una pugna de la justicia militar con la Vicaría de la Solidaridad, puesto que se culpó al organismo de proteger a uno de los autores del crimen.
El accionar del Frente Manuel Rodríguez tuvo su punto culminante con el atentado contra la comitiva presidencial, ocurrido el 7 de septiembre de 1986. Pero enseguida vino la reacción de la justicia castrense, favorecida por el hallazgo previo de los arsenales que el grupo izquierdista ingresó al país. Ese fue el punto en que Torres Silva consolidó su influencia como una especie de coordinador de la lucha antisubversiva.
En 1988 fue nombrado auditor general del Ejército, cargo en el que el general Augusto Pinochet lo mantuvo mientras permaneció en la institución, pese a las críticas que siempre recibió de los sectores políticos que asumieron el gobierno.
Se consolida su posición al ser ascendido a general e integrante de la Corte Suprema cuando se estudian casos de derechos humanos.
Con el ministro Roberto Dávila de presidente de la Sala Penal, Torres Silva conformaba una clara mayoría en favor de la aplicación del decreto ley de amnistía.
Pero en 1998, el criterio cambió, al cambiar la integración de la sala. Entonces, el general Torres pasó a ser el habitual voto de minoría.
