SANTIAGO.- Durante la mañana de este jueves, la Corte de Apelaciones de San Miguel debería resolver si la Fiscalía Metropolitana Sur podría o no tener acceso a los antecedentes contenidos en anexos reservados de la investigación por colusión contra las empresas CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa) que mantiene en su poder la Fiscalía Nacional Económica.
Sin embargo, la audiencia fue suspendida a solicitud de esta última, que recurrió al derecho con el que cuentan todos los intervinientes para solicitar -por una vez- la postergación de la misma.
De esta manera, la instancia podría llevarse durante la próxima semana si así lo programa el tribunal de alzada.
Ello, sin embargo, retrasa el trabajo que lleva adelante el fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, y que persigue presuntos delitos cometidos por el cartel desde 2005 en adelante, cuando comenzó a operar la nueva justicia penal.
Lo anterior, porque la decisión de la Corte es clave para determinar si el Ministerio Público contará o no con la información secreta que fue obtenida tras los allanamientos que realizó la Fiscalía Nacional Económica a la compañía SCA Chile.
Según detalló a
Emol el fiscal Galdames, se trata de antecedentes "únicos e irrepetibles porque no se obtienen por la entrega voluntaria, sino de manera coercitiva".
Por ello, la importancia de los mismos, ya que al no tener acceso a ellos, "la investigación se hace sustancialmente más difícil".
Según detalló, la empresa SCA "solo colaboró con la indagatoria con posterioridad a los allanamientos de la FNE, donde se encontró mucha información que nosotros no vamos a poder encontrar de otra manera", enfatizando que la suspensión de la instancia de hoy solo puede entenderse como la intención de dilatar el proceso.
La arista penal se inició luego que los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD) presentaran el año pasado una denuncia por alteración fraudulenta de precios y solicitaran una serie de diligencias para acreditar los hechos.
Este ilícito tiene asignadas penas de reclusión menor en sus grados mínimo (61 días) a medio (3 años) más multa de 6 a 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
